CONCURSO DE MOTOCICLISMO EN LIMA
El ministro de Economía, Luis Carranza, afirmó que el avance físico de obras en abril creció 23%.
(Andina).- El Plan de Estímulo Económico ha inyectado en la economía cerca de 3 mil millones de nuevos soles a la fecha, lo que se refleja en el avance físico de obras que en abril creció 23%, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza.
Indicó que este crecimiento del avance físico de obras se dio pese a que el sector construcción cayó en abril 1,48%, aunque ligeramente, por la disminución en el consumo interno de cemento (-2,66%).
Precisó que en el marco del PEE se tiene priorizada una cartera de proyectos de inversión, fundamentalmente en el sector transportes.
En ese sentido, dijo que el sector transportes debería gastar 1.000 millones de soles en el tercer trimestre del año y 1.000 millones en el cuarto trimestre, con lo cual se duplicaría lo invertido en este sector el año pasado.
El ministro enfatizó que si bien el PEE trata de resolver problemas de corto plazo, básicamente mira el largo plazo.
Por otro lado, informó que el fondo de infraestructura que desarrollan organismos multilaterales para invertir en el Perú debería ser de 500 millones de dólares.
De este total, 100 millones de dólares serán aportados por el Tesoro Público, lo cual ya fue aprobado a través de un decreto de urgencia, y los recursos se canalizarán a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
Asimismo, refirió que 100 millones de dólares serían aportados por la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Mientras que el resto provendrá del sector privado, para lo cual ya existe el compromiso de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de participar en este fondo con 300 millones de dólares como mínimo.
Carranza comentó que el déficit en infraestructura asciende en la actualidad a cerca de 30 mil millones de dólares, lo que representa el 25% del Producto Bruto Interno (PBI).
El Ministerio de Salud informó que se han reportado 23 nuevos casos de la Nueva Influenza AH1N1, sumando a 136 los casos confirmados de la Nueva Influenza AH1N1 en el país.
Se trata de 13 niños, 4 jóvenes y 6 adultos, todos ellos residentes en Lima. Estos 23 nuevos casos se encuentran en la actualidad con control médico, aislamiento domiciliario, tratamiento antiviral y evolucionando favorablemente.
Respecto al caso confirmado de Pisco reportado ayer 15 de junio, el Ministerio de Salud informa que se trata de un ciudadano de 34 años de nacionalidad hindú, tripulante de una nave de bandera liberiana.
El caso fue detectado por la Dirección Regional de Salud de Ica, la cual dispuso inmediatamente la cuarentena de la nave en la bahía de Pisco. Indicaron que el paciente está con control médico, aislamiento, tratamiento antiviral y evolucionando favorablemente.
De igual manera, se precisa que la nave en mención no ha tocado puerto, toda la tripulación se ha mantenido en ella no habiendo visitado ningún lugar ni tenido contacto alguno con la población y que no se encontró casos sospechosos entre los contactos del paciente ni dentro del personal de la nave, la cual proseguirá su viaje mañana 17 de junio.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Yehude Simon, arribó esta mañana al distrito de San Ramón provincia de Chanchamayo, en la región Junín para reanudar el diálogo con las comunidades nativas.
Hasta la Base Militar de San Ramón llegó el presidente de la PCM, acompañado de los ministros de Salud, Óscar Ugarte; Agricultura, Carlos Leyton; y del Ambiente, Antonio Brack.
Asímismo participan el presidente de la Región Junín, Vladimiro Huároc, y representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de la selva central, autoridades locales, entre otros.
Según lo previsto, concluida esta reunión, el jefe del Gabinete y la comitiva oficial se dirigirán a la localidad de Chanchamayo, para reunirse con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (Conap), Oseas Barbarán, precisa la agencia Andina.
El Poder Ejecutivo suscribió esta tarde un acta de entendimiento, de 12 puntos, con las comunidades nativas de la selva central, en la que se compromete a presentar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto de ley planteando la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064.
Luego de una reunión de cuatro horas entre Simon y los "Apus" de 390 comunidades indígenas, en la localidad de San Ramón, también acordaron que los decretos cuestionados restantes se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará mañana.
Para ello viajarán a Lima los representantes de las comunidades nativas de la selva central, a fin de incorporarse al trabajo de la comisión multisectorial, garantizando la participación de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de otros grupos nativos.
Asimismo, señala el acta, el Ejecutivo propone que el grupo de trabajo asuma también una agenda conjunta con los pueblos nativos para impedir la depredación de la amazonía.
Además, se encarga al mencionado grupo de trabajo estudiar los mecanismos de consulta, a fin de garantizar una labor concertada.
También, se establece que las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima por un lapso de cuatro horas, medida que mantendrán hasta que se derogue los decretos legislativos.
Se precisó que el estado de emergencia en Amazonas se levantará cuando se desbloquee, en forma definitiva, la carretera Fernando Belaunde y se acordó expresar la solidaridad y asumir la atención de los heridos por los sucesos de violencia ocurridos en Bagua, entre otros acuerdos.
Organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos pidieron a Estados Unidos que aclare su posición sobre los disturbios que ocasionaron la muerte de 34 personas en Perú.
Las manifestaciones fueron convocadas en la Amazonía peruana por grupos indígenas que protestan por la promulgación de decretos legislativos por parte del Gobierno del presidente Alan García para instrumentar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, según la organización Amazon Watch.
Ese grupo, además de 14 organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos, dieron a conocer hoy una carta enviada el viernes a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que piden al Gobierno que se manifieste sobre la posibilidad de que la derogación de los decretos ponga en peligro el TLC.
"La administración García ha insistido en que la derogación de los decretos lesionaría mortalmente el acuerdo de libre comercio", dijo Amazon Watch.
Ante ese convencimiento ha optado "por medidas de mano dura en contra de los manifestantes en vez del diálogo de buena fe", manifestó Andrew Miller, portavoz de Amazon Watch.
Miller indicó que si Estados Unidos aclara su posición "podría ayudar a crear el espacio político necesario para un verdadero diálogo entre el Gobierno peruano y la federación de indígenas amazónicos Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana)".
"Haya sido o no la intención de Estados Unidos, la verdad es que el Acuerdo de Libre Comercio dio vía libre al Gobierno de García para reducir los derechos indígenas y ha contribuido a un mayor conflicto social y a los abusos de los derechos humanos en Perú", dijo Miller.
Añadió que el Gobierno del presidente Barack Obama debería enviar una señal clara de que "no está dispuesto a aceptar la erosión de la democracia, la estabilidad y los derechos humanos en la concreción del libre comercio".
La semana pasada el Congreso peruano suspendió por 90 días la vigencia de los derechos con el fin de restablecer el diálogo.
Sin embargo, el movimiento indígena ha pedido su derogación y ha dicho que la suspensión ordenada por el Congreso es inadecuada.
Hoy el Gobierno anunció que pedirá al Congreso la derogatoria de los dos decretos más polémicos, el 1090 y el 1064, que causaron los disturbios, según la agencia oficial Andina.
(EFE)
Organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos pidieron a Estados Unidos que aclare su posición sobre los disturbios que ocasionaron la muerte de 34 personas en Perú.
Las manifestaciones fueron convocadas en la Amazonía peruana por grupos indígenas que protestan por la promulgación de decretos legislativos por parte del Gobierno del presidente Alan García para instrumentar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, según la organización Amazon Watch.
Ese grupo, además de 14 organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos, dieron a conocer hoy una carta enviada el viernes a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que piden al Gobierno que se manifieste sobre la posibilidad de que la derogación de los decretos ponga en peligro el TLC.
"La administración García ha insistido en que la derogación de los decretos lesionaría mortalmente el acuerdo de libre comercio", dijo Amazon Watch.
Ante ese convencimiento ha optado "por medidas de mano dura en contra de los manifestantes en vez del diálogo de buena fe", manifestó Andrew Miller, portavoz de Amazon Watch.
Miller indicó que si Estados Unidos aclara su posición "podría ayudar a crear el espacio político necesario para un verdadero diálogo entre el Gobierno peruano y la federación de indígenas amazónicos Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana)".
"Haya sido o no la intención de Estados Unidos, la verdad es que el Acuerdo de Libre Comercio dio vía libre al Gobierno de García para reducir los derechos indígenas y ha contribuido a un mayor conflicto social y a los abusos de los derechos humanos en Perú", dijo Miller.
Añadió que el Gobierno del presidente Barack Obama debería enviar una señal clara de que "no está dispuesto a aceptar la erosión de la democracia, la estabilidad y los derechos humanos en la concreción del libre comercio".
La semana pasada el Congreso peruano suspendió por 90 días la vigencia de los derechos con el fin de restablecer el diálogo.
Sin embargo, el movimiento indígena ha pedido su derogación y ha dicho que la suspensión ordenada por el Congreso es inadecuada.
Hoy el Gobierno anunció que pedirá al Congreso la derogatoria de los dos decretos más polémicos, el 1090 y el 1064, que causaron los disturbios, según la agencia oficial Andina.
(EFE)
